Por Julián Galán Fernández (*)
En marzo de 2014 la Comisión tomó una decisión de la que estábamos pendientes muchos ciudadanos madrileños por nuestro rechazo a la privatización del Canal de Isabel II: decidió dejar a voluntad de cada Estado miembro la forma de legislar el suministro de agua y su saneamiento.
Una decisión que desilusionó a gran parte de los ciudadanos europeos y que de forma urgente se articuló en torno a un proyecto: Right2Water, una plataforma que en algo más de un año ha recogido casi 2 millones de firmas para plantear una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE: es un instrumento que regula el Tratado de Lisboa que entró en vigor en 2009 y que permite, mediante un millón de firmas, ejercer la iniciativa legislativa popular en el ámbito comunitario), pidiendo la gestión pública del suministro y saneamiento del agua.
Esa ICE, casi doblando el requisito de un millón de firmas (se han presentado cerca de 2 millones), ha llegado a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y ha pasado su primer examen con nota: la Comisión de Medio Ambiente ha votado favorablemente un informe para convertir en normativa comunitaria esta Iniciativa Ciudadana Europea.
Esto supone un paso hacia lo que pide la plataforma Rigth2Water que es la prohibición de privatizar el suministro de agua y su saneamiento así como considerar el acceso al agua y su gestión pública como un derecho humano.
En este primer éxito ha jugado un papel fundamental la europarlamentaria socialista Iratxe García que ha tenido que luchar contra presiones de los sectores y partidos más conservadores en el Parlamento Europeo porque esta iniciativa de Right2Water no saliera adelante y presionando a europarlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente porque votaran en contra de esta propuesta ciudadana.
El siguiente paso lo veremos en septiembre donde será el Pleno del Parlamento Europeo quien se pronuncie sobre esta Iniciativa Ciudadana Europea y sabremos si finalmente la Unión Europea apuesta por consolidar el acceso al agua y su gestión pública como un derecho humano, lo que imposibilitaría al Gobierno de la Comunidad de Madrid el traspaso de la gestión del agua al sector privado y haciendo inviable la privatización planeada del Canal de Isabel II.
Es un muy buena noticia para los que defendemos la gestión pública del agua como un derecho básico de todos los ciudadanos por considerar que en su suministro y saneamiento no deben entrar nunca componentes de rentabilidad económica como se produciría con su privatización.
Estaremos atentos a lo que ocurra en septiembre…
(*) Jefe del servicio jurídico de la secretaria general de Infraestructuras. Ministerio de Fomento.
